ENERO 2000

Marruecos se enfrenta al movimiento islámico con un informe sobre la opresión de la mujer

El Gobierno revela que aún persisten los matrimonios forzados y la 'compra' de menores

PEDRO CANALES, Rabat
El Gobierno marroquí dio ayer cifras para uno de los mayores males del país: la opresión de la mujer. En un intento de desarticular la formidable resistencia de los grupos islámicos y de gran parte de los partidos democráticos ante los planes de integración femenina, el Ejecutivo de Rabat difundió datos que demuestran que aún persisten los matrimonios forzados y la compra de menores. Además, dos terceras partes de las mujeres de Marruecos, que suman unos siete millones de ciudadanas, y el 41% de las chicas en edad escolar (otros dos millones más) son analfabetas.

En una conferencia pronunciada el lunes en Rabat, el secretario de Estado para la Protección Social, la Familia y la Infancia, Said Saadi, señaló que entre 1994 y 1998 se han registrado más de 28.000 casos de violencia contra la mujer. De ellos la mitad ha ocurrido en el interior del domicilio conyugal. Esto implica una media de veinte denuncias diarias ante los tribunales, la policía o las organizaciones de defensa de los ciudadanos.

Aunque que la mayor parte de los actos de violencia conyugal son silenciados por las víctimas por miedo a las represalias, los datos facilitados por el Gobierno del socialista Abderraman Yussufi arrojan una visión alarmante acerca de la situación de marginación y desigualdad de la mujer en el país norteafricano. "Con estas cifras", declaró Said Saadi, "Marruecos no puede incorporarse al mundo moderno".

La decisión del Ejecutivo marroquí de dar a conocer públicamente la discriminación y la violencia contra la mujer, se interpreta en Rabat como producto de la crisis institucional generada tras la presentación del Plan de integración de la mujer en el desarrollo. Este proyecto, elaborado por el gobierno hace casi un año, sufre los embates de una buena parte de la opinión publica.

El plan de integración lo auspicia el Banco Mundial y tiene el apoyo del rey, Mohamed VI. El monarca no ha dudado en denunciar públicamente "la iniquidad y violencia de la que son víctimas las mujeres" y ha exhortado a los poderes públicos a tratarlas "en pie de igualdad con los hombres". Sin embargo, el proyecto ha encontrado una resistencia frontal por parte de las organizaciones islámicas y de sectores importantes de los partidos democráticos, incluido el socialista. Varios dirigentes de los partidos que componen la actual coalición gubernamental se han pronunciado en contra del plan del gobierno por considerar que "es contrario a la ley islámica".

Prohibir la poligamia

Algunos capítulos de dicho plan prevén aumentar de 15 a 18 años el mínimo de edad requerido para el matrimonio de las chicas, garantizar a la esposa la mitad de los bienes en caso de divorcio, prohibir la poligamia -aún en vigor en el reino-, e instaurar "el divorcio jurídico" en sustitución del repudio, forma tradicional de separación de los cónyuges en el Islam y que depende del libre albedrío del marido.

Respecto a la presencia de la mujer en las instituciones, el ministro Said Saadi ha sido también claro: "De un total de 24.000 concejales comunales y municipales, sólo hay 83 mujeres". En Marruecos, que ronda los 28 millones de habitantes, algo más del 51% de la población son mujeres.

La situación de discriminación es particularmente aguda en las zonas rurales, feudos de unas relaciones patriarcales y de sobrexplotación de la mujer. En el campo, donde aún vive más del 55% de la población, el analfabetismo de la mujer llega al 87%, según reveló el secretario de Estado, y la venta de niñas continua siendo una práctica habitual.

El crecimiento demográfico es netamente superior en el campo al de la ciudad. Son frecuentes las familias de seis y ocho hijos, lo que justifica a ojos de los progenitores que sea aceptada la práctica de que las niñas entre seis y diez años sean entregadas a familias urbanas para las tareas domésticas. A cambio, las familias de los donantes reciben diversas ayudas: ropa, comida y pocas veces, dinero. Estas niñas, cuyo número exacto se desconoce, pero que se cuentan por millares según varias organizaciones, no están escolarizadas y tan sólo trabajan.

El proyecto gubernamental de integración de la mujer también busca suprimir el matrimonio forzado y establece la obligación de que la mujer acepte la unión. La práctica habitual hasta ahora es la del matrimonio arreglado entre familias, que ignora la opinión de los futuros cónyuges.

Miércoles, 26 de Enero de 2000 - Sociedad - El Pais
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