MARZO 2000

El precio de la discriminación

1.100 mujeres marginadas por un organismo de EE UU reciben 86.000 millones tras 23 años de batalla legal

JAVIER VALENZUELA , Washington

Carolee Brady, en una conferencia
de prensa (S. Crowley, NYT).
Hace casi cinco lustros, Carolee Brady presentó su candidatura para el puesto de directora de una revista de la US Information Agency (USIA), el organismo gubernamental que hasta el pasado año controlaba la información y propaganda de la primera potencia planetaria. Su candidatura fue rechazada con el argumento de que los jefes de USIA estaban buscando un hombre para ese puesto. Esa actitud, junto a otras centenares enmarcadas en una política general de discriminación sexista, le va a costar ahora al Gobierno norteamericano la jugosa cifra de 508 millones de dólares (86.000 millones de pesetas).

Tras 23 años de batalla legal, el Ejecutivo estadounidense aceptó el miércoles pagar esa cantidad para poner punto final a la demanda iniciada en 1977 por Brady, y a la que se sumaron otras 1.100 mujeres empleadas en EE UU y todo el mundo por el organismo USIA y por la radio pública exterior Voice of America (La Voz de América). Es la mayor indemnización jamás concedida por una empresa pública o privada en un caso de discriminación laboral por motivos de raza o género sexual. El récord precedente fue establecido por la indemnización de 176 millones de dólares que pagó en 1996 la firma petrolera Texaco para terminar con una demanda presentada por 1.400 trabajadores afroamericanos.

"Jamás pensé que esto duraría tanto, pero ha valido la pena", dijo ayer Brady. La combatiente tiene ahora 52 años y, desencantada del periodismo, trabaja como psicoterapeuta en San Francisco. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Estados Unidos y las 1.100 mujeres demandantes establece que éstas deben repartirse a partes iguales la indemnización, por lo que salen a unos 460.000 dólares (unos 80 millones de pesetas) por cabeza. Los honorarios de sus abogados ascienden a 12 millones de dólares, pero, en virtud de la Ley sobre Derechos Civiles de 1964, también serán pagados por los contribuyentes.

Locutoras, reporteras, publicistas, productoras y técnicas de sonido se habían sumado a la batalla iniciada por Brady. Argumentaban que, entre 1974 y 1984, se les negaron empleos y ascensos en beneficio de compañeros varones, sin que los jefes de USIA y Voice of America pudieran invocar verdaderas razones profesionales. Entretanto, esa emisora exterior predicaba universalmente y en decenas de idiomas que EE UU era el virtuoso modelo de democracia y derechos humanos que todo el mundo debía imitar.

Anne Oman, que fue funcionaria del Departamento de Estado y luego colaboradora de The Washington Post y escritora de discursos presidenciales, contó ayer que solicitó varias veces puestos de redactor y editor en Voice of America y siempre fue rechazada. "Lo grave es que ni tan siquiera me concedieron una entrevista", dijo. La rendición del Gobierno, añadió Oman, es "fantástica". "El mensaje está claro: no discrimines a mujeres porque lo pagarás muy caro".

Otra de las demandantes, periodista y traductora, denunció que perdió una posibilidad de promoción porque su competidor era un hombre, aunque éste no tuviera otro bagaje que su experiencia como vendedor ambulante de enciclopedias. Dona de Sanctis, con larga experiencia radiofónica y un doctorado en periodismo, se vio relegada por el hijo varón de un alto directivo de Voice of America. Para agravar el caso, el enchufado jamás fue sometido a ningún examen, mientras que ella lo superó con creces.

"Era horroroso, los hombres iban siendo promocionados y yo me quedaba siempre atrás", dice Rose Kobylinski, de 79 años, que fue presentadora de un programa musical de Voice of America dirigido a la entonces comunista Polonia. Lo mismo ocurría en Asia. La periodista Jahanare Hasan jamás pudo ingresar en el servicio para Bangladesh de la emisora porque "sólo los hombres estaban autorizados a dar las noticias".

A lo largo de 23 años, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha opuesto a la demanda de este amplio colectivo profesional. Ganó una primera batalla en 1979, cuando un tribunal rechazó las denuncias. Pero en 1984 otro juzgado sentenció que el Gobierno era responsable de discriminación, lo que reabrió la batalla. Bruce Fredrickson, el abogado que dirigió el equipo de las demandantes, señaló ayer que cabe extraer dos lecciones de este caso: "El coste de la discriminación puede ser enorme, y los retrasos en aceptarla sólo lo incrementan".

Viernes, 24 de marzo de 2000 - Sociedad - El Pais
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